LA DECLARACIÓN DE ZONA CATASTRÓFICA

En los último días España ha sufrido un fuerte temporal, denominado Filomena, que ha afectado a casi la totalidad de la península, comenzando con unas fuertes nevadas que no se padecían en años y que actualmente ha dejado un manto de hielo que ha ocasionado enormes daños en carreteras, mobiliario urbano, campos e infraestructuras, entre otros daños.

 

Derivado de los daños expuestos el Gobierno de la Comunidad de Castilla la Mancha y Madrid está estudiando solicitar al ejecutivo la declaración de zona catastrófica, su denominación puede parecer exagerada, pero debemos entrar a valorar que encierra dicha declaración.

En términos generales, cuando ocurre una catástrofe natural como puede ser un terremoto, inundaciones, incendios forestales o incluso nevadas que provoquen daños personales o materiales, se puede declarar una zona como afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo que se denomina ‘zona catastrófica’.

Es el Consejo de Ministros, a propuesta de los ministros de Hacienda e Interior, el encargado de declarar una zona como catastrófica, un término que ya no existe en la normativa y que formalmente se denomina como “declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, según recoge el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Así mismo, cualquier administración pública, ya sea un Ayuntamiento o una Comunidad Autónoma, puede solicitar al Gobierno dicha declaración en la región afectada. Tras esta solicitud, el Consejo de Ministros deberá aprobar o no esta declaración teniendo en cuenta si se han producido daños personales o materiales que perturben gravemente las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada o cuando se produzca la paralización, como consecuencia del mismo, de todos o algunos de los servicios públicos esenciales.

La legislación define como catástrofe, “una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad”.

Una vez el Gobierno declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil se podrán adoptar diferentes medidas como ayudas a particulares por daños en su vivienda, compensación a las administraciones por gastos inaplazables, ayudas a establecimientos y ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina, entre otras.

También podrá contemplar medidas fiscales como la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, todo ello recogido en el artículo 24 de la Ley 17/2015 anteriormente expresada.

Así mismo Igualmente, incluye líneas de préstamo subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y al igual que las medidas fiscales expuestas, también puede contener medidas laborales.

Para todo ello siempre será necesario probar que los daños han forzado al desalojo, no están cubiertos por ningún seguro o han paralizado la actividad, entre otras condiciones, que varían en las distintas medidas.

Dada la situación que actualmente se sufre, especialmente en la Comunidad de Madrid, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que “no diga no” a declarar Madrid como zona catastrófica cuando el Consistorio aún no lo ha planteado.

“Que no diga que no a algo que no hemos planteado”, ha manifestado el Alcalda, y ello derivado de la afirmación del ministro Grande-Marlaska que aseguraba que “no hay daños importantes ni a bienes públicos ni privados” como para declarar la ciudad de Madrid zona catastrófica por el temporal de nieve, tal y como está estudiando solicitar el Ayuntamiento.

Esta no es la primera vez que en España se declara el estado de zona catastrófica, así en septiembre de 2019, el Consejo de Ministros aprobó la declaración de «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» en varios puntos del país que sufrieron catástrofes naturales desde abril hasta julio de ese año. Mediante esta declaración adoptaron medidas urgentes por parte de nueve ministerios para paliar los daños.

Se declararon como situaciones de emergencia los incendios forestales de Tarragona, Madrid y Toledo del mes de junio, las inundaciones en Navarra y Ourense en julio, los incendios forestales declarados en la isla de Gran Canaria en agosto y los episodios de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que afectaron a varias comunidades autónomas.

En otras ocasiones, también han sido declaradas como zona afectada las comunidades de Galicia y Asturias en consecuencia de los incendios forestales de 2017 y en la Comunidad Valenciana y Extremadura, afectadas por inundaciones, en el año 2016.



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