LAS ÓRDENES DE PROTECCIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

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Es necesario, en primer lugar, especificar qué es una Orden de Protección, pudiéndose definir como el instrumento que se pone a disposición de las personas víctimas de posibles delitos de violencia de género, con el fin de, de forma urgente, tramitar medidas cautelares de índole civil, penal o administrativa, para la protección e integridad de dichas personas en un único procedimiento judicial.

La orden de protección viene regulada en el artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que reúne las diferentes medidas cautelares de amparo y tutela a las víctimas de delitos de violencia de género, como se ha expuesto, de naturaleza civil, penal o administrativa, con el fin de otorgar a las mismas un estatuto integral de protección a través de un único procedimiento judicial, urgente, seguido ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

De este modo, en una misma resolución judicial se tramitan las medidas que impiden la aproximación del agresor a la víctima, y las medidas civiles orientadas a proporcionar seguridad, estabilidad y protección jurídica a la persona agredida y a su familia, sin necesidad de esperar a la formalización del correspondiente proceso matrimonial civil.

Es la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica la que regula su procedimiento, bajo una tramitación sencilla y rápida, tanto para víctimas de violencia doméstica como de violencia de género en general.

De ello se deriva que con la tramitación de la orden de protección no se va a atender únicamente la protección necesaria para la víctima, sino que el propio Juzgado de Violencia sobre la Mujer, de ser necesario, podrá entrar a valorar y fijar las medidas necesarias de carácter civil, medidas como pudieran ser determinar la guarda y custodia de los hijos de las partes, pensión de alimentos, utilización del domicilio familiar, etc.

Es necesario valorar en qué casos cabe adoptar una orden de protección. Pues bien, se ha de estar a los artículos 173.2 CP y demás preceptos que sancionan los hechos de violencia de género o doméstica, artículos 153, 171 o 172 CP, cuando se aprecie una situación de riesgo para la víctima. Es fundamental que haya una situación de riesgo para la víctima, derivada la misma del estudio de la situación personal de las partes y de un indicio de criminalidad por parte del agresor.

Los supuestos que pueden dar lugar a su adopción se contemplan en los artículos 544 bis y 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si bien en la mayoría de los casos se sigue el cauce establecido en el artículo 544 ter, debido al funcionamiento de la orden de protección y el formulario habilitado al efecto, según el cual se decretará la orden en los casos en los que exista una situación objetiva de riesgo para la víctima que lo requiera, cuando existan indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida, integridad física o moral, la libertad sexual, la libertad o la seguridad de las personas mencionadas en el artículo 173.2 del Código Penal, y concretamente cuando los actos de violencia sean ejercidos por parte del cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, también si los mismos son realizados hacia los descendientes de la víctima, sus ascendientes o hermanos, propios o del cónyuge o conviviente, los menores o incapaces que convivan con la víctima o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, así como cualquier persona que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así mismo si son contra personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

También se tramita la orden de protección en aquellos casos en los que, durante la tramitación de un procedimiento penal, pueda surgir una situación de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el investigado o encausado por alguna de las relaciones que se contemplan en el citado artículo 173 Código Penal y en el caso de incumplimiento de alguna de las medidas cautelares previstas en el artículo 544 bis de la LECrim (la prohibición de residir en determinado lugar, acudir a determinados lugares o acercarse a la víctima), el Juez o Tribunal podrá adoptar la orden de protección (entre otras medidas cautelares) para limitar más la libertad personal del inculpado.

En cuanto a la solicitud de la orden de protección, la misma puede ser acordada de oficio por el Juzgado, de verlo necesario, o bien a instancia de la propia víctima, del Ministerio Fiscal o de cualquier entidad u organismo asistencial que tenga conocimiento de los hechos. Solicitando la misma utilizando el protocolo a disposición de las víctimas de violencia de género en los propios Juzgados, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o las Oficinas de Atención a la Víctima, entidades que colaborarán en todo caso con el solicitante para su tramitación para que de manera urgente sea remitida dicha solicitud al órgano judicial encargado de resolver a tal efecto, concretamente al Juzgado de Violencia sobre la Mujer del domicilio de residencia de la víctima que se encuentre de guardia en ese momento, que dará trámite a la solicitud y, también de forma urgente, citará a las partes y al Ministerio Fiscal para una audiencia judicial en un plazo máximo de 72 horas, siguiendo el Juez encargado todas las medidas necesarias para evitar que las partes se encuentren físicamente, así como con sus hijos o familiares, y ello mediante los mecanismos y medios con los que cuentan los Juzgados, finalizando el trámite mediante una resolución en forma de Auto que, de acreditarse ese riesgo para la víctima impondrá las medidas que sean necesarias según el caso en cuestión o, de no acreditarse riesgo para la víctima decretará la no imposición de órdenes de protección.

Entre las medidas que se pueden adoptar, de naturaleza penal pueden ser cualquier medida cautelar dispuesta en la legislación procesal penal, según el caso en concreto, siendo las más usuales la prisión provisional, prohibición del agresor de residir en determinado lugar, prohibición de acudir a determinados lugares, prohibición de aproximarse o comunicarse, expulsión del agresor del domicilio familiar o retirada de armas u otros objetos peligrosos.

Las medidas de naturaleza civil, igualmente de ser necesario, pueden ser la atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, el régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos, el régimen de prestación de alimentos o cualquier medida que se considere oportuna para apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios.

Cuando existan menores o personas con capacidad judicialmente modificada que convivan con la víctima y dependan de ella, el Juez deberá pronunciarse en todo caso, incluso de oficio, sobre la pertinencia de adoptar estas medidas. Estas medidas tienen una vigencia temporal y su efectividad está condicionada a que inste el proceso de familia pertinente en un plazo de 30 días.

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