LA SUSPENSIÓN DE LA PENA EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES

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Es normal escuchar que una persona, pese a haber sido condenada a una pena de prisión u otro de penas privativas de libertad, finalmente no ingresa en prisión por haber sido suspendida su pena, pero ¿Cuándo se puede darse esta situación?

Para que sea viable la suspensión de una condena tienen que cumplirse una serie de requisitos y, tras la solicitud de la parte, debe decidir el juez si concede la misma en base a las circunstancias de cada caso en concreto.

Como punto de partida es necesario que se cumplan los requisitos aludidos (aunque no en todas las ocasiones como veremos posteriormente), que son los siguientes:

  • Que la pena impuesta no sea superior a dos años (o la suma de las penas establecidas).
  • Que la persona condenada no tenga antecedentes penales, o que éstos sean por delitos imprudentes, delitos leves o que los mismos, si bien aún no han sido cancelados, están dentro del plazo temporal para haber sido cancelados como dispone el artículo 136 del Código Penal.
  • Que hayan sido satisfechas las responsabilidades civiles impuestas al condenado, teniendo en cuenta la capacidad económica o material del penado, lo que puede derivar en una promesa de cumplimiento que será estudiado por el órgano enjuiciador.

Siendo los anteriores requisitos objetivos, también existe un requisito subjetivo, al arbitrio del Juzgado o Tribunal competente, en este sentido el Juez valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

Como se aprecia de los requisitos expresados, se otorga al Juez cierta discrecionalidad en su decisión, pudiendo estudiar cada caso en concreto y las circunstancias que lo rodean y decidir si lo más beneficioso para las partes y la sociedad en general es suspender la pena o no.

En este sentido se pronuncia el artículo 80 del Código Penal, al señalar en su apartado tercero que excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1.ª y 2.º, y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen.

En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1.ª del artículo 84.

Si se diese el caso de que el Juez suspendiera la pena, la misma igualmente tiene un requisito temporal, el Juez decidirá el plazo de suspensión, y durante el plazo decretado el condenado no puede cometer ningún nuevo delito, pues de hacerlo, se cancelará la suspensión acordada y deberá cumplir la pena suspendida y la pena que se le imponga por el nuevo delito cometido.

En cuanto al plazo expresado señala el artículo 81 establece: “El plazo de suspensión será de 2 a 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años, y de 3 meses a 1 año para las penas leves, y se fijará por el juez o tribunal, atendidos los criterios expresados en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 80.” Mientras que el artículo 86 del mismo cuerpo legal indica, en cuanto a la revocación de la suspensión, que “El juez o tribunal revocará la suspensión y ordenará la ejecución de la pena cuando el penado:

  • a) Sea condenado por un delito cometido durante el período de suspensión y ello ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida.
  • b) Incumpla de forma grave o reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieran sido impuestos conforme al artículo 83, o se sustraiga al control de los servicios de gestión de penas y medidas alternativas de la Administración penitenciaria.
  • c) Incumpla de forma grave o reiterada las condiciones que, para la suspensión, hubieran sido impuestas conforme al artículo 84.
  • d) Facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo decomiso hubiera sido acordado; no dé cumplimiento al compromiso de pago de las responsabilidades civiles a que hubiera sido condenado, salvo que careciera de capacidad económica para ello; o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.”

También existen casos en que, pese a no cumplirse los requisitos necesarios para la suspensión de la pena, se den una serie de circunstancias excepcionales que justifiquen la suspensión de la pena, así los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia al  consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, puede darse que el Juez acuerde la suspensión de la ejecución de la pena, cuando ésta sea inferior a 5 años, y el origen de la comisión del delito sea éste, siempre y cuando conste acreditado por un centro especializado que el condenado está deshabituado al consumo o en tratamiento para ello. Igualmente la suspensión de la pena está circunscrita a que el condenado no abandone el tratamiento al que se está sometiendo.

Así mismo los penados que sufran una enfermedad muy grave con padecimientos incurables pueden suspendérseles las penas impuestas, sin sujeción a ningún otro requisito, a excepción de, en el momento de ejecución del delito, ya se encontrase en suspensión de una pena anterior.

Todo lo expuesto en este artículo viene derivado de la reforma del Código Penal tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, que implicó importantes cambios en el régimen de la suspensión de penas, recogido en los artículos 80 a 87 del Código Penal de los que se ha hecho mérito.

Todo lo expuesto es resultado de la doctrina constitucional que aboga por limitar la vía penitenciaria si existiera una opción favorable hacia una futura rehabilitación y no comisión futura de delitos, hecho que en la anterior normativa quedaba fuertemente limitado por la existencia de antecedentes penales.

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