¿Cómo afecta el silencio administrativo a los ERTEs?

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La Audiencia Nacional se ha pronunciado, mediante sentencia de esta misma semana, favorablemente a una empresa dedicada a la prestación de servicios educativos infantiles.

 

Dicha empresa solicitó acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por causa de fuerza mayor, debido a las consecuencias económicas y operativas del COVID-19, existiendo oposición por parte del Sindicato Comisiones Obreras al no haberse producido resolución expresa del expediente por parte de las autoridades laborales.

 

Puesto que lo propiamente impugnado fue la suspensión de los trabajadores sin resolución expresa, la cuestión a tratar se convirtió en la siguiente: ¿Cómo afecta el silencio administrativo a los ERTEs?

 

Pues bien, para dar respuesta a esta cuestión, la propia Sentencia hace referencia a dos cuerpos legales: el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, y el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Curiosamente, y en contra de lo que habitualmente sucede en Derecho, ninguna de las dos regulaciones contiene artículos relativos al silencio administrativo por lo que el tribunal en cuestión se ha visto obligado a aplicar, por analogía, lo establecido en cuanto al silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, regulado en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, mucho más generalista y en la cual éste tiene, como presupuesto general, CARÁCTER POSITIVO.

Esta cuestión es de suma importancia: la sentencia está aclarando que el silencio administrativo en materia de ERTEs debe entenderse como estimatorio de los mismos, sin perjuicio de que posteriormente pueda recaer una resolución estimatoria expresa.

Dado que la demanda no recurrió la estimación expresa sino la aplicación de la suspensión durante el silencio administrativo, la demanda hubo de ser desestimada, la fuerza mayor apreciada, y el expediente laboral aprobado.

Si usted se ha visto involucrado en un escenario similar al descrito y no conoce hasta qué punto los ajustes laborales que le han sido aplicados son del todo legales, no dude en contactar con María Luisa Bautista Abogados, donde el equipo especializado en la jurisdicción social le asesorará e informará debidamente de sus posibilidades.

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