Anulada la primera multa por saltarse restricciones del Estado de Alarma

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Tras la reciente declaración de inconstitucionalidad del Estado de Alarma decretado por el gobierno de la nación en 2020, derivada directamente de Sentencia emitida a tal efecto por el Tribunal Constitucional, ha comenzado a aflorar en la población una creciente duda acerca de la legalidad de las sanciones impuestas durante este período.

Es preciso recordar que la medida principal de dicho marco jurídico fue la limitación a la movilidad de la ciudadanía, manifestada en forma de confinamiento domiciliario sin posibilidad de circular libremente por el territorio nacional.

De forma casi inmediata a la resolución del Tribunal Constitucional, se ha dado la primera resolución que anula una multa impuesta a una menor madrileña por saltarse el confinamiento. Dicha resolución, emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid, declara anulada la multa de 601 euros por considerarla no conforme a Derecho. Es interesante tener en cuenta que el Tribunal Constitucional se limitó a declarar nulo el Estado de Alarma y no a valorar qué consecuencias jurídicas debe este hecho acarrear para las personas que fueran objeto de algún tipo de expediente sancionador por la materia. Sin embargo, y en un caso que se asemeja a lo acaecido con Madrid Central y sus multas de circulación, la nulidad del marco jurídico pone en entredicho la validez de las multas en el cual se imponen.

La declaración de inconstitucionalidad de la norma tiene efectos generales: vinculan a toda la Administración Pública del Estado, y en tal sentido el Juzgado nº 11 entiende que la multa ha de anularse puesto que jamás gozó de adecuación jurídica. Por supuesto, se trata de una sentencia dictada en primera instancia y, como tal, contra la misma cabe recurso. Nada impide que instancias superiores dicten resoluciones en diferente sentido, si bien las sanciones impuestas en este período tienen ya un difícil encaje en nuestro ordenamiento.

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